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                                               Nos lo ocultan, ¿por qué?España es uno de los países más opacos de Europa y de los últimos sin ley de transparenciaLas administraciones esconden datos públicos de sanidad, medioambiente, justicia…ÁLVARO DE CÓZAR Madrid 18 MAR 2012 - 00:56 CET222, El País Tal vez usted quiere saber cuántos robos de coches ha habido en su barrio o cuántas veces los agentes de policía de su comunidad dispararon su arma reglamentaria en acto de servicio. Quizás desee conocer el número de personas que han fallecido en el quirófano del hospital más cercano a su casa, cuántas operaciones de cadera han salido bien en ese centro, o si la residencia de ancianos donde vive su padre ha sido sancionada. O es posible que quiera tener datos sobre cómo gastan los partidos políticos o los sindicatos el dinero público que reciben. Puede que usted quiera trabajar con estas cifras, cruzarlas con otras y analizarlas, o puede que simplemente quiera saciar su curiosidad. En cualquier caso, no podrá obtenerlas en España, uno de los países más opacos de Europa.La falta de transparencia parece ser algo instaurado en la cultura política española, algo que va más allá de los Gobiernos, sean del color que sean. A veces, incluso cuando ya se ha producido la publicación de una información, el Gobierno no tiene tapujos en afirmar que los datos no deberían haber visto la luz. Es el caso del Ministerio de Industria, que la semana pasada emitió un comunicado de prensa reprochando a la Comisión Nacional de Energía (CNE) la publicación de un informe sobre posibles medidas para resolver el déficit de las tarifas eléctricas. El Ministerio lamentaba las consecuencias que la divulgación del informe causaba a terceros. Pero la CNE es un organismo independiente que publica informes no vinculantes, incluso si estos afectan a empresas que cotizan en bolsa.La plataforma Coalicción Pro Acceso, que integra a 54 organizaciones, hizo a principios de 2010 un experimento. Se llamó la Campaña de las 100 preguntas y trataba de medir la transparencia de las administraciones. En marzo de ese año, un ciudadano preguntó al Ministerio de Sanidad: “¿Cuántas vacunas se compraron para luchar contra la gripe A?, ¿a qué coste?, ¿cuántas vacunas se han utilizado?, ¿cuántas han sobrado y qué se va a hacer con ellas?”. Otro envió en abril al Ministerio de Defensa: “Número de militares españoles fallecidos así como heridos (de gravedad, leves) en Afganistán, Irak y Líbano en los últimos cinco años”. En la mayoría de los casos no hubo respuesta (50%). Silencio administrativo. Solo el 20% de las respuestas fue satisfactorio.España no se ha subido al carro de los países que han apostado por eso que se ha dado en llamar Open Government (Gobierno Abierto). Estados Unidos, Reino Unido, los países nórdicos, Bulgaria y varios países latinoamericanos poseen leyes de transparencia y acceso a la información. En muchos de esos países empieza a ser posible saber al detalle qué es lo que los gobernantes han hecho con el dinero de los contribuyentes. “La falta de voluntad política de nuestros gobernantes y la secular inercia negativa y resistencia al cambio en las instituciones públicas ha hecho imposible que contemos con una ley como la que existe en otros países”, señala Jesús Lizcano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la ONG Transparencia Internacional España.La palabra más usada por los Gobiernos que sí se han decidido a abrir las puertas de las administraciones es accountability, concepto que no existe en español y que suele traducirse como “rendir cuentas con responsabilidad”. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es un adalid de la causa. “Para rendir cuentas”, decía Obama al principio de su mandato, “es necesario transparencia”. Algunas de las cosas que permite la iniciativa es consultar en una misma página web (www.data.gov) quiénes han visitado la Casa Blanca, en qué fechas, y si esas personas han donado dinero a las campañas electorales.El Gobierno de Mariano Rajoy tiene planeado aprobar en las próximas semanas la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. La idea es presentarla oficialmente el 17 de abril en Brasilia en un foro internacional impulsado por Estados Unidos y Brasil para fomentar el acceso a la información. Si finalmente es así, España dejará de ser el único país de Europa con más de un millón de habitantes sin ley de transparencia —Luxemburgo, Chipre y Malta tampoco la tienen. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se había comprometido en 2004 a cambiar esa situación, pero no lo cumplió en su primera legislatura. En la segunda, el Gobierno socialista llegó a redactar un anteproyecto de ley pero el adelanto de las elecciones tiró por los suelos la iniciativa.Existen todavía muchas dudas de que la nueva legislación vaya a convertir a España en un país abierto que permita a sus ciudadanos consultar todos los datos que no sean confidenciales. El Gobierno del PP ha dicho que España se pondrá con la norma a la “vanguardia mundial”, pero la Coalición Pro Acceso asegura que no servirá de mucho si no se cumplen diez principios básicos. “Entre ellos, dos muy importantes: la creación de un órgano independiente que garantice el cumplimiento de la ley y que esta sea considerada como derecho fundamental”, señala Victoria Anderica, coordinadora de campaña de Access Info Europe, uno de los fundadores de la plataforma.Para la Coalición, estos dos principios son esenciales para que la transparencia no afecte solo a la labor del Gobierno, sino también a la de las comunidades autónomas, los jueces y los parlamentarios. Fuentes del Gobierno aseguran que la ley reforzará la transparencia de la actividad pública de todas las administraciones y poderes del Estado, incluido el judicial. Las mismas fuentes señalan que no es necesario crear un nuevo órgano que vele por el cumplimiento de la norma sino que se dará competencias a uno ya existente.En teoría, la ley, que está siendo ultimada por el equipo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, permitirá a los ciudadanos preguntar por aquello que no tenga el sello de confidencialidad.Con ese espíritu de convertir a los ciudadanos en fiscalizadores del trabajo de los políticos, surgió en Reino Unido el lema They work for you, es decir, “ellos [funcionarios públicos y políticos] trabajan para ti [ciudadano]”. Esa es una de las webs (www.theyworkforyou.com) del proyecto My Society, fundado en 2003 con la intención de dar herramientas en Internet para que los ciudadanos preguntaran al Gobierno lo que quisieran, para controlar el trabajo de los funcionarios o simplemente para comunicarles qué arreglos necesitaban las calles. Estando en Londres, David Cabo, un informático español, vio las distintas webs. “La gente podía preguntar cualquier cosa y el Gobierno les respondía. Eran los pioneros. Yo ni siquiera sabía lo que era una ley de acceso a la información”. A su regreso a España, Cabo conoció a los responsables de Access Info Europe, una organización con sede en Madrid y proyección europea, que batallaba para conseguir que la información de los Gobiernos fuera más accesible a los ciudadanos. Del trabajo de ambos, Cabo y Acces Info, nacerá esta semana una nueva página, tuderechoasaber.es . El objetivo de la web —que ha conseguido 6.100 euros de financiación a través de donaciones que pueden consultarse en la página— es explicar la ley de Transparencia y velar por su cumplimiento. Los usuarios de la página podrán enviar preguntas a los distintos organismos a través de ella. Las respuestas serán publicadas en el mismo lugar. “Sin la presión social de las preguntas, la ley será una ley más sin cumplir”, señala Cabo.Hay cientos de historias que han salido de las cuestiones planteadas a los Gobiernos. Muchas de ellas fueron hechas por periodistas. En 2008, la reportera freelance danesa Brigitte Alfter y otros colegas belgas y holandeses, se valieron de la transparencia otorgada por las leyes danesas y holandesas para conseguir algunos informes de las compañías farmacéuticas sobre los efectos secundarios de medicamentos. Los informes eran enviados a la Comisión Europea y los Gobiernos, que los mantenían en secreto. “Estas leyes son extremadamente importantes para nuestro trabajo como periodistas”, dice Alfter, que menciona que en países como Suecia, el acceso a la información es un derecho reconocido en la Constitución desde 1766. “Tenemos el derecho de comprobar lo que se hace exactamente con nuestros impuestos. Mi experiencia me dice que los Gobiernos acaban considerándolo parte de la democracia”, concluye Alfter, que precisa que es necesario hacer un uso responsable de las peticiones por todo el esfuerzo que supone para los Gobiernos atender las demandas de los ciudadanos.Andrew Ronnan es otro caso de lo que un simple ciudadano puede llegar a conseguir si sabe cómo y dónde pedir los datos. A Ronnan, un británico al que le gusta la cerveza bávara, se le ocurrió importarla a su país. Pero muchos pubs tenían acuerdos con los proveedores británicos y no podían servir cerveza extranjera. La Comisión Europea estudió si el caso afectaba a la libre competencia. Ronnan solicitó participar en las reuniones de la Comisión. No le dejaron. Entonces pidió saber los nombres de los participantes, empresarios que trataban de presionar para que las leyes siguieran como estaban. Ronnan llevó el asunto a los jueces del Tribunal Europeo. En primera instancia ganó y obtuvo el aplauso de todas las organizaciones que piden más transparencia. En verano de 2010 los jueces le quitaron la razón alegando que Ronnan tenía que probar que tenía una buena razón para que se desvelara el nombre de quienes participaban en las reuniones. Ronnan ya no importa cerveza. Ahora le gusta correr maratones.Son los periódicos británicos quienes están exprimiendo las leyes aprobadas en 2005 en Reino Unido. Al igual que otros medios de comunicación, el diarioThe Guardian ha montado una páginaweb específica que ayuda a sus lectores a pedir datos. Simon Rogers es quien se encarga del blogDatablog, donde publica información sobre los datos que están accesibles. “Se ha instalado en Reino Unido una cultura donde todos vemos que tenemos derecho a una información que los Gobiernos querían mantener fuera del alcance. Los políticos lo odian. Es difícil luchar contra el libre acceso a la información. ¿Cómo se puede ser demócrata y estar en contra?”La nueva ley, que tendría que estar lista en semana y media si Rajoy quiere cumplir su promesa de aprobarla en los primeros 100 días de su Gobierno, puede suponer un cataclismo en el mundo de la información.Falta por ver todavía su contenido, cuánto dinero costará y si el Gobierno podrá responder a todas las preguntas. En última instancia, la ley no solo servirá parta controlar al Estado sino también para medir el nivel de exigencia de los ciudadanos. El número y la calidad de las preguntas y respuestas determinarán la salud de la democracia en España. OPINIÓNLa opacidad corrompeEn momentos de crisis y de desconfianza hacia los políticos, la transparencia es imprescindibleSOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 18 MAR 2012 - 03:46 CET13, El País Con una ley que hubiera permitido el acceso libre a todos los contratos firmados por la Generalitat de Valencia o por el Gobierno de Baleares, con una Ley de Transparencia que hubiera obligado a la Administración andaluza a explicar detalladamente los gastos y financiación de los ERE, si todas las administraciones públicas españolas hubieran estado obligadas a colgar de sus páginas web las recalificaciones de terrenos y todo tipo de contratos esenciales, se hubiera podido luchar mucho mejor contra la corrupción que infecta nuestra sociedad, a todos los niveles, desde hace años.La exigencia de que España contara con una ley similar a las Freedom Information Act, aprobada por prácticamente todos los países de nuestro entorno, es antigua y ha sido ignorada durante años, Gobierno tras Gobierno, socialistas y populares, sin dar ninguna explicación razonable. El resultado de ese gusto por el secretismo ha sido impedir que los ciudadanos (no solo los periodistas, sino los ciudadanos, en general) contaran con algunas de las mejores herramientas, internacionalmente reconocidas y contrastadas, en la lucha contra la eventual venalidad de los políticos o la corrupción y corruptelas de las administraciones. No es casualidad que los países en los que la ley obliga a las administraciones a trabajar con mayores niveles de transparencia sean precisamente los países con menores índices de corrupción y con mayor satisfacción ciudadana.Las leyes de Transparencia, que obligan a los Gobiernos, nacional, autonómico y local, a facilitar el libre acceso a toda la documentación que obra en su poder (salvo los datos relativos a la intimidad de las personas o a la seguridad nacional), han sido, además, grandes impulsoras de administraciones eficaces y sociedades comprometidas. No se trata de una manía de los medios de comunicación, sino de una garantía de los derechos ciudadanos y una defensa contra el secretismo innato de casi cualquier tipo de organización, por muy democrática que se proclame. Las nuevas tecnologías permiten hoy día el escrutinio de centenares, miles de datos, que, convenientemente relacionados y cruzados, en la mayoría de los casos por asociaciones ciudadanas y medios de comunicación, permiten detectar rápidamente procesos dudosos o decisiones no justificadas.En unos momentos de crisis y de desconfianza creciente hacia los políticos, la transparencia se vuelve todavía más imprescindible para un funcionamiento correcto de la vida pública. Abrumados por los recortes y los ajustes presupuestarios, los ciudadanos tenemos derecho a acceder fácilmente a los datos, documentos y estudios que llevan a nuestros políticos a tomar las decisiones que adoptan.¿Por qué no se pueden conocer en España, en un plazo razonable, los informes que elaboran los asesores económicos de La Moncloa y sí se pueden analizar los que realiza el Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos? ¿Por qué no podemos conocer cómo deliberan los miembros de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y sí leer las deliberaciones, con nombres y apellidos, de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Por qué los suecos o los daneses pueden saber la lista de personas con las que se reúnen sus presidentes y ministros y los españoles deben permanecer en la ignorancia?Es muy importante que la nueva legislación alcance a todas las administraciones y todo tipo de organizaciones financiadas con dinero público, porque la experiencia nórdica ha demostrado que lo que resulta extraordinariamente útil es poder controlar las decisiones que se adoptan en los niveles más cercanos: ¿Qué ajuste se pedirá a cada hospital? ¿Como los organizará la administración de cada centro sanitario? ¿Está justificado el recorte de programas sociales en cada ciudad y pueblo? ¿En que se piensan emplear los recursos disponibles? ¿Cómo y por qué se deciden en España las prioridades de gasto, tanto a nivel estatal como de las autonomías?La peor equivocación posible sería dejar el trabajo a medio hacer y que, después de tanto esperar, la ley no permitiera cumplir estos objetivos. La sociedad española necesita urgentemente un baño de transparencia, a todos los niveles, porque la situación actual y el daño causado por la opacidad de las distintas administraciones ha sido enorme. La información puede ayudar a mejorar la salud de nuestra democracia, fortaleciendo su responsabilidad. Si se va a exigir a los ciudadanos un sacrificio tan grande como el que se anuncia, lo mínimo es darle respuesta clara a preguntas elementales: ¿Quién ha tomado esa decisión? ¿Cómo ha llegado a la conclusión de que es necesaria? ¿Qué datos se han manejado y que objetivos se persiguen? La revolución de cristal de ObamaLa Casa Blanca ha dado un enorme impulso a la transparenciaLos ciudadanos pueden conocer hasta quién visita al presidente y sus donaciones electorales·         Gobierno: ¿el fin del secreto?CRISTINA F. PEREDA Washington 18 MAR 2012 - 05:24 CET8, El País Todo empezó con una promesa electoral. Barack Obama se presentaba a los comicios de 2008 como el candidato que revolucionaría el Gobierno abriéndolo a los ciudadanos. Apostó por la filosofía que entiende la democracia como acceso igualitario a la información y disponibilidad de herramientas de control sobre responsables políticos.Obama prometía datos, cifras, detalles. Transparencia.La promesa del ahora presidente no era fácil de cumplir. La Casa Blanca tardó apenas cuatro meses en lanzar data.gov, un portal con 250.000 bases de datos con información del Gobierno. Desde presupuestos estatales hasta lo que invierte Estados Unidos en ayuda exterior, el coste del programa de comedor en las escuelas públicas de todo el país o un historial de estadísticas sobre pacientes de cáncer. La decisión fue valiente, pero durante estos tres años muchos han temido que se quedara en un gesto simbólico: todos los datos ya eran públicos anteriormente y la única novedad radicaba en ponerlos todos juntos, en el mismo portal, al alcance de cualquier ciudadano.Tres años ha tardado el Gobierno en revelar un conjunto de datos secretos hasta ahora: los historiales de viajes y visitas a la Casa Blanca. La Oficina de Información del presidente recopila desde hace unos días en Ethics.gov hasta siete bases de datos gubernamentales. Los ciudadanos pueden averiguar los nombres de todas las personas que se han reunido con un miembro de la Administración. Y, por primera vez en la historia, la página, que enlaza las bases de datos entre sí, permite relacionar las identidades con cifras de donaciones privadas a campañas electorales, contribuciones de lobbies y grupos de influencia, hasta denuncias por violaciones éticas. “Ya no hay necesidad de ir de una agencia a otra, de una página web a otra, y establecer las conexiones después. Y cuando combinas todos los datos entre sí completas un retrato muy interesante”, comenta John Wonderlich, director político deSunlight Foundation, una organización que promueve el uso de la tecnología para incrementar la transparencia del poder. Wonderlich, que ha asesorado personalmente en cinco ocasiones a miembros de la Casa Blanca durante estos tres años, reconoce que el resultado final es bastante cercano a lo que en un principio imaginaba, a pesar de los obstáculos que imponen las leyes de privacidad y la dificultad de colaborar entre agencias y departamentos. “Es muy similar a lo que nosotros habíamos sugerido. Durante estos años pensamos que nunca iban a publicarla, pero ahí está. Obama hará más avances en este sentido, pondrá más información a disposición de los ciudadanos”, asegura.El proceso ha sido lento pero firme. A comienzos de 2009, el presidente nombraba al primer jefe de información del Gobierno norteamericano, Vivek Kundra. Fue bautizado entonces por el diario The Washington Post como “el zar de la tecnología” y su misión consistía en ejecutar la voluntad del presidente: revolucionar el funcionamiento interno del Gobierno federal norteamericano, recortar costes burocráticos, abrir las puertas a los ciudadanos y proporcionarles herramientas con las que controlar al poder.Poco después llegarían FiscalStability.gov, la página que rinde las cuentas del plan de estabilización fiscal, o Recovery.gov, donde se puede verificar el destino de cada dólar invertido en el plan de rescate de 2009, qué cantidades se han gastado, cómo y dónde. “Hay un problema en este momento”, reconocía Kundra el pasado septiembre en Boston. “Los ciudadanos no saben toda la información a la que tienen acceso. Debe haber un cambio radical para darle todo el poder a la gente”.El ingeniero defendía así el cambio de filosofía que el Ejecutivo de Obama ha querido inyectar en la oxidada maquinaria administrativa de todo el país. Requerirá varios años, quizás más de una década, pero puede convertirse en una de las grandes huellas que Obama imprima en la historia del Gobierno federal. Al fin y al cabo, se trataba del primer presidente que comprende cómo Internet ha cambiado para siempre el modo en que accedemos a la información; que las autoridades cada vez tienen más difícil controlar los flujos de datos que llegan a los ciudadanos y que estos —como ya demostró como candidato— pueden convertirse en fieles aliados cuando se les corteja más allá de las redes sociales.EE UU cuenta con más de 2.000 centros digitales de datos e invierte cada año 24.000 millones de dólares (18.000 millones de euros) en tecnologías de la información. Kundra recuerda que uno de los primeros días en su nuevo puesto recibió una pila de documentos “todos impresos y grapados”. En unos meses este pionero defensor del alojamiento de datos “en la nube”, había ahorrado a los estadounidenses más de 3.000 millones de dólares (unos 2.200 millones de euros) creando tecnología en casa, en vez de comprarla por precios astronómicos. Hoy Obama recibe actualizaciones de sus asesores en un iPad. “Necesitamos reestructurar drásticamente la forma en la que organizamos el trabajo”, dijo Kundra durante el lanzamiento de Data.gov. Al poner la mayor cantidad de información posible al alcance de los ciudadanos, el Gobierno ha empezado a reconocer “que no tiene un monopolio ni sobre las mejores ideas ni sobre las soluciones a nuestros principales problemas”.Esta filosofía es heredera del movimiento de código abierto que arrancó en los años noventa. Una revolución liderada por ingenieros informáticos, creativos, innovadores y organizaciones que utilizan Internet como plataforma y cuya misión radica en poner la información en manos de los ciudadanos y dejar que estos la utilicen para controlar al poder. Con hilo de la misma madeja la Casa Blanca tejió We the People una web donde cualquiera puede proponer una iniciativa. La solicitud que reciba más de 25.000 firmas de ciudadanos tiene garantizada una respuesta por parte del Gobierno. Así lograron, por ejemplo, que asesores de Obama se pronunciaran sobre las leyes contra la piratería que el Congreso estudió a comienzos de este año, desvelando su rechazo.La Cámara de Representantes sigue el mismo camino. El congresista demócrata Steny Hoyer, codirector de un proyecto para acercar la actividad legislativa a los ciudadanos con la ayuda de Facebook —publicando, por ejemplo todos los proyectos de ley, con sus correspondientes modificaciones conectadas a los perfiles públicos de los políticos— reconocía en diciembre que el Parlamento “solo puede servir a los ciudadanos si ellos están informados y si [los legisladores] nos informamos constantemente”.Pero Ethics.gov, Data.gov y el resultado del esfuerzo similar por parte del Congreso llegará mucho después que otros proyectos de organizaciones y medios de comunicación que ya acercan este tipo de datos a los ciudadanos. La misma Fundación Sunlight descubrió lo difícil que es navegar por la maquinaria de agencias gubernamentales norteamericanas con Influence Explorer, donde conecta políticos con las empresas que más influyen en sus decisiones. El medio de investigación Pro Publica dio a conocer desde las donaciones privadas a los candidatos de las primarias republicanas hasta un navegador para buscar datos de todas las escuelas públicas que además es accesible desde Facebook. El diario The New York Times, que lidera esta tendencia en los medios de comunicación, creó Schoolbook.org a partir de las bases de datos relacionadas con educación y hace tan solo unas semanas consiguió acceso a la clasificación de los profesores de escuelas públicas de todo el Estado. ANÁLISISHasta las estadísticas son secretasMÓNICA CEBERIO BELAZA 18 MAR 2012 - 05:09 CET6, El País El Ministerio del Interior es uno de los más opacos. Es algo que tiene cierto sentido teniendo en cuenta que es un departamento que maneja informaciones extraordinariamente delicadas, algunas de las cuales deben mantenerse en secreto para garantizar la seguridad nacional. Pero no todas. Hay numerosos datos relacionados con la seguridad que en otros países son públicos y que en España, sin embargo, no pueden conocerse. No se sabe, por ejemplo, cuántos policías son sancionados cada año ni las causas por las que han sido castigados. El secretismo llega a afectar, incluso, a las simples estadísticas. ¿Cuántas violaciones se han producido en 2011 en España? ¿Y malversaciones? ¿Estafas bancarias? ¿Cuántos delitos han sido cometidos en el territorio controlado por el Cuerpo Nacional de Policía? ¿Cuántos en el de la Guardia Civil? ¿Cuántos robos en joyerías ha habido en un barrio concreto? ¿Y en estancos? Son datos que no pueden conocerse examinando el anuario estadístico que publica el Ministerio del Interior. El documento de los últimos años agrupa los delitos (contra la vida, integridad y libertad personal; contra el patrimonio; lesiones; faltas de lesiones y otras faltas) y ofrece tasas por cada 1.000, 10.000 o 100.000 habitantes. Solo se dan cifras absolutas de delitos concretos en los casos de malos tratos en el ámbito familiar, corrupción de menores, pornografía infantil, blanqueo de capitales, posesión y consumo de drogas y de armas u objetos peligrosos. Es todo. Del resto no se sabe nada individualizadamente. Y, cuando un periodista acude a una comisaría a pedir los datos de robos del último año, la respuesta suele ser: “No se pueden dar; es una información reservada”.Los criminólogos españoles protestaron airadamente hace dos años asombrándose del “secretismo” existente en torno a las estadísticas policiales. Se quejaban de la falta de transparencia sobre unos datos que deberían ser públicos y que de hecho lo son en la mayoría de los países del entorno, que ofrecen en las páginas web oficiales estadísticas muy completas y precisas sobre la actividad policial. A través de la página web del Ministerio del Interior británico, por ejemplo, se pueden ver datos absolutos tan detallados sobre Inglaterra y Gales como el número de robos de bicicleta que ha habido en un año, sin descuidar el estudio de la evolución de los diferentes tipos de delito desde 1981. La comparación, tanto en calidad como en cantidad, con la estadística española no deja lugar a dudas: el ciudadano británico tiene acceso a una información que el español no puede ni soñar. Y España sale igual de mal parada si se compara con Alemania o Francia. El secretario ejecutivo de la Sociedad Europea de Criminología, Marcelo Aebi, publicó en agosto de 2010 en la Revista de Ciencia Penal y Criminología un artículo titulado El misterioso caso de la desaparición de las estadísticas policiales españolas.El nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández, ha prometido mayor transparencia. Aún debe llevarla a la práctica.ANÁLISISLey burladaRAFAEL MÉNDEZ 18 MAR 2012 - 04:58 CET7, El País El medio ambiente tiene su propia ley de acceso a la información. Fue aprobada en 2006, como trasposición de directivas europeas y de un convenio internacional. La Ley 7/2006 que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente establece que cualquiera puede “acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado”. Así, se pueden consultar —en formatos a menudo farragosos— la contaminación en las ciudades y las emisiones contaminantes de las empresas. Pero las Administraciones incumplen con frecuencia la norma y mantienen bajo llave informes que se deberían hacer públicos. Lo saben bien los abogados de las ONG ecologistas, que esgrimen la ley una y otra vez, a menudo sin éxito.El caso más sangrante es el de un informe de contaminación por tóxicos en el pescado que concluyó en diciembre de 2003 el Instituto Español de Oceanografía, un organismo público. En 2006, la ONG Oceana recibió el soplo de que ese informe estaba en un cajón. Los investigadores habían detectado altas concentraciones de mercurio en marrajo (que se vende como cazón), pez espada (emperador) y tintorera. Una bomba para un país con un potente sector pesquero. El informe tiene 321 páginas y el anexo incluía el sorprendente sello de confidencial. El mercurio es un tóxico que afecta a los menores.El Gobierno, entonces en manos del PSOE, se negó una y otra vez a entregar el informe a Oceana. Así que la organización recurrió a la Audiencia Nacional y en diciembre de 2009 obtuvo un fallo favorable. Aun así el Ministerio de Medio Ambiente, con el destacado papel del entonces secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, envió un año después un informe mutilado. En marzo de 2011, cinco años después de que la ONG lo pidiera, el ministerio le remitió finalmente el informe. Al poco, el Gobierno admitía el elevado nivel de mercurio en ciertos pescados y desaconsejaba a embarazadas y menores de tres años que comieran pez espada, tiburón, atún rojo y lucio.No es solo el Gobierno. En 2010, la ONU condenó a España por incumplir el convenio de Aarhus sobre transparencia ambiental. En un informe no vinculante criticó que el Ayuntamiento de Murcia, del PP, obligara a pagar dos euros por cada fotocopia para acceder a un plan urbanístico de 600 páginas.Hace un mes, EL PAÍS pidió a la Junta de Extremadura, del PP, el informe pagado con dinero público sobre el caudal que se podría trasvasar desde el Tajo medio al Guadiana y al Segura. “No lo vamos a hacer público”, respondió una portavoz de la Consejería de Fomento. Al recordarle la existencia de la ley y la obligación de darlo, elevó consultas y volvió a contestar exactamente lo mismo: “No lo vamos a hacer público”. EL ACENTOTransparencia, sí... O noEl anteproyecto de ley del Gobierno tiene tantas excepciones y lagunas que los amantes del secretismo pueden dormir, de momento, tranquilosEL PAÍS 28 MAR 2012 - 00:03 CET  Qué suerte. España va a tener una Ley de Transparencia como mandan los cánones no escritos de los países más democráticos y desarrollados. El anteproyecto de ley está ya en la web del Ministerio de la Presidencia. Basta entrar en www.mpr.es para encontrarlo. Y ahí está. Al alcance de cualquiera. Son solo trece folios de texto legal que el Gobierno de Rajoy espera completar con las aportaciones ciudadanas. También cualquiera puede enviar sus comentarios. Eso sí, no tendrá acuse de recibo ni sabrá si es el primero o el decimosexto que plantea el mismo tema. Tampoco sabrá si la participación es alta o baja. En realidad es un misterioso buzón de ignoto destino.Pero no conviene ser tan agorero. España tendrá una Ley de Transparencia que obligará a las Administraciones públicas a responder a las cuestiones de los ciudadanos. O no. Porque si no hay respuesta en un mes prorrogable a dos, entonces es que la Administración se ha acogido al tradicional silencio administrativo.El proyecto del Gobierno obligará a las Administraciones a publicar sus contratos y subvenciones. O no. Porque si no lo hacen tampoco hay nuevos mecanismos para reclamar. El ciudadano puede hacerlo, pero también puede obtener la callada por respuesta.Según este proyecto, los Gobiernos locales, autónomos y nacional deben ser transparentes en su gestión, pero las excepciones para aportar información son tan ambiguas que los amantes del secretismo podrán seguir gobernando tranquilos. Podrán alegar —aunque el proyecto no les obliga a dar explicaciones— que se ponen en riesgo "los intereses económicos y comerciales", por ejemplo. Dirimirá los asuntos, eso sí, una Agencia Estatal de Transparencia que, por supuesto, no será independiente. La presidirá una persona nombrada por el ministro de Hacienda.Cualquier proyecto en favor de la transparencia será una mejora en el opaco sistema español y este lo es. Pero en el proyecto actual hay tantas excepciones, imprecisiones y lagunas que el resultado parece una broma de gusto dudoso. Los ciudadanos tienen quince días (Semana Santa incluida) para enmendarlo. O no. TRIBUNA¿Una norma para Jesús y otra para Mahoma?Desde el matrimonio homosexual hasta las admisiones en la universidad, la igualdad es esencial y, al mismo tiempo, complicada TIMOTHY GARTON ASH 19 MAR 2012 - 00:00 CET, El País Las cosas sencillas pueden ser muy difíciles. La igualdad, por ejemplo. El Reino Unido tiene desde hace un par de años una cosa llamada la Ley de Igualdad, para promover ese concepto tan bueno. Ahora bien, cuando se empieza a mirar qué significa en la práctica, la cosa se complica.He estado pensando en ello por cierta reacción que ha habido en los medios de comunicación a un diálogo que mantuve hace poco con Mark Thompson, director general de la BBC, para el proyecto que estamos llevando a cabo en Oxford sobre la libertad de expresión (www.freespeechdebate.com) [http://freespeechdebate.com/en/media/mark-thompson-talks-religion/]. Después de hablar de la emisión en la BBC del musical Jerry Springer: The Opera, que levantó airadas protestas de los cristianos evangélicos porque se trata de una obra satírica que mostraba a Jesús como un bebé gigante y gruñón vestido con un pañal, le sugerí que a la BBC no se le ocurriría jamás emitir una sátira equiparable sobre el profeta Mahoma. Me contestó: “Creo que, en una palabra, la respuesta es que es verdad”.Sus palabras las recogieron varios medios, en primer lugar The Daily Mail [http://www.dailymail.co.uk/news/article-2106953/Christianity-gets-sensitive-treatment-religions-admits-BBC-chief.html#ixzz1p5gkq1eL], y luego The Daily Telegraph, The Spectator y por lo menos una página web cristiana [http://www.christian.org.uk/news/well-mock-jesus-but-not-mohammed-says-bbc-boss/], con titulares como “El director general de la BBC reconoce que al cristianismo se le trata peor” (Telegraph) [http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/bbc/9107689/Mark-Thompson-BBC-director-general-admits-Christianity-gets-tougher-treatment.html] y “¿Deberían matar los cristianos a Mark Thompson?” (Spectator) [http://www.spectator.co.uk/nickcohen/7680573/should-christians-kill-mark-thompson.thtml]. En Mail Online, un lector o lectora que se identificó como D. Acres de Balls Cross, West Sussex, colgó este comentario: “Este hombre es repugnante. Deberían colgarlo en una cruz. Eso le enseñaría a no faltar al respeto a su país y su fe cristiana”. Qué cristiano y qué patriota, este indignado o indignada de Balls Cross.Le sugerí a Thompson que esta asimetría entre la forma que tienen los medios audiovisuales (no solo la BBC, y no solo en Reino Unido) de tratar al islam en comparación con otras religiones es consecuencia de la amenaza violenta de los extremistas musulmanes. Respondió: “Bueno, es evidente que es un factor importante... Protesto de la forma más enérgica posible es distinto de Protesto de la forma más enérgica posible y estoy cargando mi AK47 mientras escribo”. Se trata de un franco reconocimiento de una de las mayores amenazas contra la libertad de expresión que existen hoy en el mundo. La literatura clásica estadounidense sobre la libertad de expresión habla del “veto del saboteador”. Hoy nos enfrentamos al “veto del asesino”. Y es preciso resistir siempre contra esa intimidación violenta. Ceder ante ella no sirve más que para animar a otros a utilizar la violencia. Si creyeran que los ateos, cristianos, sijs o judíos somos capaces de cargar nuestros AK47, quizá misteriosamente se nos tendría más respeto.No debemos abandonar jamás la búsqueda de libertad para todos en igualdad bajo la leySin embargo, en su respuesta, muy meditada, Thompson mencionó otros dos motivos para que haya un tratamiento asimétrico. En primer lugar, mientras que el cristianismo es la religión establecida y “de anchas espaldas” de la mayoría de los británicos, el islam es una la religión de unas minorías étnicas vulnerables “que quizá se sienten ya aisladas en otros aspectos, víctimas de prejuicios, y que pueden considerar que un ataque contra su religión es otra forma de racismo”.Segundo, como cristiano practicante, Thompson dijo que es preciso comprender el poder emocional de “lo que supone la blasfemia para alguien que es realista en sus creencias religiosas”. Las creencias religiosas no se pueden comparar sencillamente con proposiciones racionales como 2 + 2 = 4. “Para un musulmán, y quizá también para un cristiano, hay, como si dijéramos, cosas blasfemas o casi blasfemas que ellos pueden sentir casi como una amenaza violenta”.Quiero dejar claro que no me parece que estos dos argumentos justifiquen la asimetría. Creo que la BBC debería tener la libertad de emitir un programa tan satírico como Jerry Springer: The Opera sobre el islam, que, por cierto, no sería verdaderamente una sátira sobre la religión, porque Jerry Springer: The Opera era una sátira sobre el programa de Jerry Springer y la cultura popular estadounidense, no sobre Jesucristo y el cristianismo. Y estoy convencido de que el principal motivo por el que la BBC y la mayoría de los demás medios se ponen más nerviosos cuando se trata del islam es la amenaza de la violencia.Pero merece la pena detenerse a estudiar con seriedad esos dos argumentos, y ambos, en definitiva, están relacionados con la igualdad. No es intrínsecamente malo ni antidemocrático sugerir que se trate a los miembros de minorías desfavorecidas con una sensibilidad especial. La igualdad no significa, por ejemplo, que los encargados de las admisiones en Oxford, ante dos candidatos, el hijo de unos inmigrantes pobres que ha luchado para sacar a duras penas el bachillerato en una escuela pública, y el hijo de un millonario educado en Eton, tengan que decir: Sunder tiene peores notas y ha hecho peor la entrevista, así que está claro que debemos admitir a David. Lo que hay que preguntarse aquí es: ¿es cierto que los musulmanes siguen siendo una minoría vulnerable y desfavorecida en el Reino Unido? (Para complicar aún más las cosas, eso puede ser cierto en el conjunto del país, pero no en determinadas ciudades.) Y, en ese caso, ¿esta es la manera de mostrar especial sensibilidad?Los dobles raseros son las señales de alarma de una sociedad libreSu argumento sobre la peculiar naturaleza de las creencias religiosas también nos remite a la igualdad. Desde un punto de vista empírico, es innegable que mucha gente siente con especial intensidad su fe religiosa. Pero eso no basta para que la fe tenga prioridad sobre la razón. Supongamos que yo siento la misma pasión sobre la realidad científica de la evolución que los cristianos o los musulmanes sobre la creación. ¿Por qué una política pública o un medio público de comunicación va a tener que proteger sus sentimientos más que los míos? La Ley de Igualdad británica indica que no deben hacerlo, con una definición deliciosamente enrevesada: “Fe se refiere a cualquier creencia religiosa o filosófica, y una referencia a la fe incluye una referencia a la falta de fe”.Aunque es muy difícil, no debemos abandonar jamás la búsqueda de libertad para todos en igualdad bajo la ley. Todo el mundo tiene derecho a lo que el filósofo Ronald Dworkin llama “igual respeto y preocupación”. Eso no significa tratar a todos de la misma forma en cualquier circunstancia. Pero, cada vez que oigan a alguien (incluidos ustedes y yo) defender un tratamiento distinto de alguna cosa, busquen una linterna y examínenlo con más detalle. El mismo cristiano evangélico que se queja de tratamiento injusto en la BBC se opondrá ruidosamente al matrimonio homosexual. El mismo liberal europeo que asegura con pasión que los periódicos deben tener libertad para publicar caricaturas de Mahoma defenderá unas leyes que penalizan la negación del genocidio. Los dobles raseros son las señales de alarma de una sociedad libre.Timothy Garton Ash es catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford, investigador titular en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford. Su último libro es Los hechos son subversivos: ideas y personajes para una década sin nombre.Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia EL ACENTOEl césped de MonipodioLa expansión imparable de la deuda retrata el fracaso del modelo de las sociedades anónimasEL PAÍS 19 MAR 2012 - 00:03 CET, El País El fútbol español es un patio (césped) de Monipodio en el que se multiplican las deudas, crecen los impagos, florece la especulación inmobiliaria y se desparraman ayudas encubiertas desde las autonomías y Diputaciones. Al mismo ritmo que aumentan los ingresos televisivos que perciben los clubes, sube el endeudamiento como la espuma. Es un misterio tan insondable que solo puede explicarse por la corrupción inherente a toda burbuja económica. Entiéndanse por corrupción las compras galácticas, los salarios desorbitados y las comisiones indecentes a intermediarios y agentes. El fútbol español, capaz de pagar hasta 95 millones por un jugador, soporta una deuda de más de 4.000 millones de euros y debe a Hacienda 752 millones (enero de 2012), 145 millones más que en 2008. Con la falta que le hace ese dinero a Montoro. Por curiosidad ¿cómo es posible que a un ciudadano no se le permita prolongar los plazos a Hacienda si en tal demora aumenta su deuda y a los clubes de fútbol sí se les permite hacerlo? ¿Acaso son un servicio público?Pues no lo son. La expansión imparable de la deuda retrata el fracaso del modelo de las sociedades anónimas en el fútbol y un desbarajuste financiero del que son culpables los gestores de los clubes y responsables la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol. Oblíguese a los clubes a pagar lo que deben a Hacienda, impóngase un tope salarial a jugadores y entrenadores, limítese el volumen de la deuda en términos absolutos e impídase cualquier operación inmobiliaria. Pero las instituciones que deben hacerlo están capturadas por los clubes y, en algunos casos, directamente amedrentadas.Tanto ridículo tenía que traspasar fronteras. Uli Hoeness, presidente del Bayern de Múnich, se ha puesto la careta merkeliana, ha calzado las chanclas con calcetines blancos del votante medio alemán y ha bramado una invectiva: “Les sacamos de la mierda y los clubes no pagan”. No es ese el camino, Uli. Hubiera quedado más intelectual que aludieses a las ventajas competitivas de los clubes que no pagan y lo indecente que resulta competir por jugadores con las plusvalías del ladrillo. Tal como lo has expuesto solo es un desahogo más en la fiesta de la cerveza en Múnich.EDITORIALLa gestión cuentaEspaña presenta un alto nivel de desigualdad en el desarrollo de los servicios sociales EL PAÍS 28 MAR 2012 - 00:08 CETLos servicios sociales españoles no solo tienen un nivel de gasto en relación con el PIB muy por debajo del resto de Europa, sino que presentan escandalosas diferencias entre las comunidades autónomas. Así lo demuestra un pormenorizado estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.Para valorar la situación de cada comunidad, se han considerado diferentes parámetros en tres grandes apartados: la normativa, el esfuerzo inversor y la cobertura efectiva que reciben los ciudadanos. A este último parámetro se le otorgan cinco de los diez puntos en liza porque de nada sirve tener una legislación ambiciosa si luego no se aplica. Pues bien, el informe resulta demoledor: el desarrollo global de los servicios sociales en España apenas alcanza una puntuación de 4,7 y presenta un grado de disparidad alarmante, lo que significa que no garantiza la igualdad de acceso.Las desigualdades no son únicamente consecuencia del diferente esfuerzo inversor, sino también —y esto es lo más llamativo— de la eficacia de la gestión. Así, en gasto por habitante y año se observan diferencias tan acusadas como la que va de los 773 euros que gasta el País Vasco a los 119 de Baleares; o la que va entre el 2,74 del PIB que gasta Castilla-La Mancha al 0,5% de Baleares. Pero el índice final no depende solo de la inversión, sino de su gestión. Y aquí las diferencias son clamorosas. Contra lo que podía esperarse, las comunidades que tienen mayor desarrollo —y gasto— no son las que presentan mayor déficit público. País Vasco y Navarra se encuentran entre las que logran mejor puntuación (6,7 y 6,5 respectivamente) y en cambio tienen bajos niveles de déficit. Podría pensarse que el régimen foral del que se benefician tiene que ver con ello, pero tal argumento queda atenuado por el hecho de que las otras dos comunidades que comparten con ellas la mejor nota —La Rioja (6,7) y Castilla y León (6,9)— son de régimen común. En sentido contrario, entre las que tienen peor nivel de desarrollo figuran Valencia (0,8 puntos sobre 10) y Canarias (1,8), y en cambio figuran también entre las que presentan un déficit público más desbocado. Son todos estos datos que las administraciones públicas debieran analizar con detenimiento.La suerte de muchos ciudadanos, precisamente los más vulnerables o que sufren de manera más acusada los envites de la crisis, no depende solo del gasto en servicios sociales, sino también del grado de eficacia en la organización y gestión de esos servicios. Extremadura, que hace un considerable esfuerzo inversor (354 euros por habitante y el 2,19% del PIB) alcanza una puntuación de 4,2, mientras Castilla y León, con 300 euros por habitante y 1,36% del PIB, alcanza un notable 6,9. Si en algún momento es necesaria la inversión en servicios sociales es en tiempos de crisis, pero no basta con invertir. Es preciso garantizar una gestión eficiente de los mismos. Carlos Gorostiza
Publicado el 28 de Marzo de 2012 por maryteruky


¡Yo aviso!

Aviso a Seat, Renault, Vw, Ford, Opel… de que he reparado mi viejo coche y
que ya he descartado completamente cambiarlo. Aviso al BBVA, Santander, La
Caixa, Kutxa…de que he renunciado a aquella compra que tenía pensada y que
no necesitaré ya pedir ningún crédito. Aviso a Bimbo, Danone, Nestlé,
Campofrío, Henkel, Fairy, Ariel… de que me he convertido en un experto en
marcas blancas, que son las únicas que llenan ahora mi carro.
Aviso a El Corte Inglés, Inditex, Cortefiel, Hispanitas….de que ya solo
compro ropa en outlets o en rebajas. Ah! y que conozco todas las modistas de
arreglos de mi barrio. Aviso a Cepsa, BP, Repsol, Shell, Petronor, Avia… de
que me acostumbré a conducir despacio cuando la limitación a 110 y que ahora
paso de largo por muchas gasolineras. Y, por supuesto, en los viajes largos
uso el bus
.
Aviso a Prisa, Vocento, Mediapro, Mediaset, Euskaltel y Movistar que la TV
de pago ni siquiera la tengo como opción y que he descubierto que se vive
perfectamente sin comprar todos los días todos los periódicos. Aviso a las
cadenas Barceló, Sol, Zenith, Meliá… de que ya he reservado plaza en un
camping para este verano en lugar del hotel de playa de los pasados años.

Soy un privilegiado. Tengo un buen sueldo, excelente en comparación con el
de la mayoría de mis amigos, así que estas decisiones no son nada comparadas
con las que, sí o sí, han de tomar ellos y otros muchos millones de
consumidores. Porque -señores- no olviden que austeridad es NO COMPRAR.
Quienes hoy aplauden entusiasmados esta reforma laboral que precariza los
empleos, que expulsa a la clase media del mercado, que destroza la esperanza
de los jóvenes más preparados que miran al extranjero como hicieron sus
abuelos, mejor harían en no recalentarse las manos con tanta ovación porque
tal vez las necesiten para cavar con ellas la tumba de los negocios que
hasta ahora les hicieron ricos.
Quien paga sueldos nimileuristas no puede ser tan tonto como para creer que
el resto de empresas no harán lo mismo que él y que, por lo tanto, al cabo
no habrá consumidores capaces de comprar lo que él tanto necesita vender. Es
obvio. Falta solo saber cuánto tardarán en darse cuenta y a cuánta gente
habrán destrozado para entonces.

Aviso de que mi huelga particular empezó antes del 29 y que se prolongará
mucho después. ¿Y la de usted?
 VIDA Y ARTES »El peligro es un imán para el adolescenteEl afán de experimentar, cueste lo que cueste, complica la vida de los menoresAdicciones, sexo inseguro y anorexia, los riesgosINMACULADA DE LA FUENTE Madrid 1 ABR 2012 - 18:42 CET El País Como una moto. Y sin frenos. Al llegar la adolescencia, el cerebro experimenta un incremento de actividad, una agitación desacostumbrada. Aunque no todas las áreas actúan con la misma intensidad. Iniciada la pubertad, se activa el circuito del placer-recompensa, mientras que el análisis lógico llega más tarde. “Estos cambios pueden verse ya en el cerebro a través de técnicas como la resonancia magnética”, dice Alfredo Oliva Delgado, profesor titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. Una de las áreas más activas, la corteza prefrontal, es también responsable de una progresiva maduración intelectual que solo acaba pasada la adolescencia, “en torno a los 20 años”, añade Oliva. Un desfase que conduce al adolescente a vivir cierta esquizofrenia: el circuito del placer está sobreexcitado, pero la reflexión no entra en sus hábitos. Eso no significa que todo adolescente sea de por sí temerario. Simplemente reacciona de forma inmediata al estímulo, cueste lo que cueste.Es tiempo de excesos. El mundo empieza a ser suyo y el vértigo les lleva a descubrir los paraísos artificiales, sea Internet y las redes sociales o ese cigarrillo medio clandestino apurado en la esquina del colegio. Un cigarrillo que tal vez se convierta pronto en una rutina y, quizás, una carga. Todo a la vez, y a edades más tempranas. Sea por inexperiencia o impulsividad, el consumo y abuso temprano del alcohol (responsable de frecuentes ingresos de urgencia hospitalaria) y el sexo precoz e inseguro son algunos de los riesgos más obvios que acechan al adolescente. Oliva, sin embargo, matiza: es cierto que cada vez son más precoces, lo que incrementa su vulnerabilidad ante el alcohol y otras drogas. Pero adelantarse no siempre significa engancharse. Empezar a beber más tarde no garantiza tampoco una posterior moderación. E, incluso, “algunos llegan a beber más y a desajustarse durante más tiempo”, indica.La psicóloga del centro infanto-juvenil SINEWS Macarena Pi Davanzo antepone otros riesgos: “Uno de los problemas de salud más graves a los que se enfrentan hoy los adolescentes son los trastornos alimentarios. En la anorexia, las tasas de suicidio se elevan al 30%. No en vano se trata del trastorno mental que más adolescentes mata”, asegura.Los trastornos alimenticios van más allá de la moda de estar delgado. “Les llega una insistente publicidad por diversos medios que les empuja a seguir unos estándares de apariencia física bastante más inalcanzables que los exigidos a generaciones anteriores, lo que les provoca una inseguridad profunda”, continúa Pi Davanzo. “A una edad en la que la identificación con el grupo es importante, esa mezcla de inseguridad y exigencia les lleva a tener conductas de riesgo en una sociedad en que parece que todo está permitido. Y en la que los padres han perdido autoridad no de forma consciente, sino porque no saben ejercerla”, agrega. “Un trastorno alimenticio (TA) es una enfermedad psiquiátrica que tiene causas biológicas, ambientales y psicológicas”, explica Pi Davanzo. “Se inscribe en los trastornos de conducta y una de sus complejidades es que muchas adolescentes hacen suyo el diagnóstico, lo que refuerza la enfermedad”, continúa la psicóloga. “No cabe hablar de anoréxicas o bulímicas: son enfermas”, añade. Una enfermedad que suele descubrirse una vez ya instaurada, lo que dificulta el tratamiento. En la bulimia, por ejemplo, “no es igual empezar a tratarse cuando solo vomitan un par de veces por semana que cuando llevan mucho tiempo haciéndolo a diario”.“Las dietas, tan de moda, constituyen, junto a la baja autoestima, uno de los factores de riesgo determinantes en el desarrollo de un TA”, prosigue la psicóloga. Desde luego, el TA afecta a personas de distintos sexos y edades y no solo a jóvenes. Pero “nunca se debe recomendar a una adolescente hacer dieta. Incluso en casos de obesidad, lo que hay que promover es un estilo de vida saludable”, advierte Pi Davanzo.Los sociólogos consideran que ir de botellón o compartir un porro de forma aislada son rituales de paso ligados a la socialización. Pero no es lo mismo sumergirse en esos ritos al inicio de la adolescencia que al final. Entre los 13 y los 18 años hay un abismo. Animados por el grupo al que pertenecen, los más precoces se lanzan al primer sorbo sin desarrollar estrategias para controlar lo que beben. En el campo sexual, ensayan sus primeras experiencias porque ya hay unos pocos en la clase que presumen de haberse iniciado. Más que decidir, buscan que lo vivido se parezca a lo soñado.Uno de cada cuatro chicos entre 15 y 29 años piensa que el botellón es algo normal, según el informe de 2008 del Instituto de la Juventud. Y estudios realizados en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia establecen que un 69% de los adolescentes participa en ellos una vez al mes. “¿Cómo no van a verlo normal si ven beber a sus mayores a las puertas de bares y restaurantes?”, se pregunta una vecina que tiene junto a su domicilio un bar con terraza. Para esta madrileña, las mesas informales que surgen junto a algunos bares para que los clientes puedan fumar constituyen un botellón civilizado o legal. “Los chicos no hacen más que copiarlos de forma más o menos descontrolada”, añade. “Hace años, cuando mi hijo era adolescente, los telediarios daban con frecuencia noticias que relacionaban a los jóvenes con el botellón”, confiesa un padre con un hijo ya en la Universidad. “Me preguntaba entonces cómo era posible que un adolescente no asociara juventud y botellón”, añade. Naturalmente, el padre no cuestiona que esas noticias fueran ciertas, pero temía las consecuencias de que este comportamiento se generalizara.¿Qué hacen los padres ante esa marea social que asocia botellón y juerga juvenil y que da por hecho que todo chico entre 13 y 18 años verá pasar delante de sus ojos vasos gigantes de cerveza o sorprendentes mezclas baratas? Si al final del siglo pasado uno de cada cinco adolescentes admitía que se había emborrachado en el último mes, ahora uno de cada dos reconoce que abusa de la bebida. “Yo intento retrasar esa iniciación recordando a mi hija que su organismo no está preparado para metabolizar el alcohol, que le puede afectar a su desarrollo y que debe esperar a los 18 años”, dice Sara, madre de una chica de 15 años. “Y de momento me hace caso. Pero una vez que note que ha empezado a beber, más que en prohibírselo me centraré en que no abuse, animándola a un consumo moderado y responsable”, añade. Oliva propugna algo parecido: “Es fundamental inculcarles una actitud crítica que les ayude a no dejarse llevar por ese ambiente de consumo alcohólico desmedido”, señala.Fumar ya no tiene esa función estética y misteriosa que atraía a otras generaciones, pero sigue formando parte de lo prohibido y de los ritos que dejan atrás la infancia. “Yo tardé en fumar porque no fui a clase el día en que muchos de mis compañeros empezaron a hacerlo. Me habían operado y estuve unas semanas sin ir al colegio. Cuando volví, todos fumaban. Menos yo”, recuerda una enfermera.Uno de cada cuatro chicos entre 14 y 18 años fuma porros, según la encuesta estatal sobre drogas en enseñanzas secundarias (Estudes). Un porcentaje relativamente estable después de que en los años noventa se produjera un repunte en el consumo. Los problemas empiezan cuando ese porro de fin de semana o de las fiestas de cumpleaños pasa a ser diario, algo que le sucede al 3,2% de los adolescentes. Algunos logran durante una temporada mantener cierta doble vida ante sus padres, como una alumna que ocultaba una china en el estuche de pinturas para fumársela con sus amigos al salir de clase. Un hábito que se descubrió cuando los profesores notaron que su rendimiento bajaba a pesar de ser buena alumna, y que interrumpía las clases con comentarios graciosos o inoportunos.De todos modos, en los últimos años se ha producido un leve descenso del consumo de cannabis (la droga ilegal más consumida en España) y de cocaína entre adolescentes.La edad de iniciación a la coca se sitúa a los 20 años, pero algunos de los adictos a esta sustancia comenzaron a los 16. Y cerca del 10% de los jóvenes entre 15 y 24 años asegura haberla probado. Probar no es consumir, pero esa primera vez a la que algunos se acercan por azar o presionados por el ambiente puede convertirse en un juego tan peligroso como la ruleta rusa: aunque muchos se libren de engancharse, otros sucumbirán seguro.El verano, las vacaciones y los cambios de horarios y ocio son etapas críticas. La inseguridad y el no tener ideas claras sobre las secuelas que dejan las drogas facilitan la dependencia.Pi Davanzo reconoce que “cada vez hay más mujeres que practican conductas de riesgo”. En parte, porque tanto ellos como ellas tienen una baja percepción del peligro. La edad media de las primeras relaciones sexuales se fija en los 16 años y medio, aunque en algunos ambientes son algo más tempranas. Según un sondeo del Injuve (Instituto de la Juventud) de 2008, el 65% de los chicos y el 50% de las chicas inician la primera relación completa antes de los 18 años. “En mi clase casi todos tienen novio o novia”, confiesa una chica de final de la ESO. Y para muchos, tener novio implica tener relaciones. Hablar de plazos les suena a eternidad. Sean hijos de familia conservadora o progresista, el patrón de conducta es similar. Las ideas de sus padres les influyen en cuanto a plantearse el uso de anticonceptivos, pero una vez que tienen relaciones, a menudo, de forma esporádica, el guión es el mismo: ganas de experimentar y vivir el momento.El sexo inseguro favorece el contagio de infecciones y puede acarrear embarazos no deseados o, como mal menor, propiciar la anticoncepción de urgencia. No siempre falla la información. En la ESO y el Bachillerato se suelen tocar estos temas: una información teórica que no siempre cala, o que no todos asumen. “A pesar de que adolescentes y adultos emplean los mismos procesos lógicos cuando toman decisiones, difieren en la clase de información que utilizan y en la prioridad que la dan. Por eso adolescentes y adultos evalúan de forma distinta las consecuencias y toman decisiones diferentes”, explica Angustias Roldán, profesora de Psicología Evolutiva de la Universidad de Comillas. Aunque el uso del preservativo bajó ligeramente entre los más jóvenes desde 2003 a 2008, no por ello hay que deducir que desconozcan los riesgos o que piensen que tienen menos probabilidades de embarazo que las parejas adultas. Simplemente, “se sienten más atraídos por el placer potencial de tener sexo sin protección: la espontaneidad y el gran placer físico con que la asocian pesa más que las posibles consecuencias negativas”, prosigue.Los embarazos no deseados siguen siendo una de las fatales consecuencias. La tasa de abortos de menores de 20 años entre 1998 y 2007 casi se triplicó, al pasar del 5,7 por 1.000 al 13,8. La supresión de Educación para la Ciudadanía, una de las pocas asignaturas en las que cabía tratar este tema de forma abierta con un adulto, es una mala noticia para algunos profesionales de la salud que tratan con jóvenes. Al igual que la posibilidad anunciada por algún dirigente popular de restringir la anticoncepción de urgencia o píldora del día siguiente. “He usado una vez la píldora del día siguiente y quedé escarmentada; ahora siempre empleo anticonceptivos”, dice una chica de 17 años. “En cambio, conozco a gente de mi edad que ha abortado o que ha tenido un hijo y eso sí que no tiene solución”, agrega.En estas batallas entre la espontaneidad y la protección, los anticonceptivos siguen siendo una prioridad femenina. Según datos de las consultas atendidas en el Centro Injuve de Salud Sexual de Madrid, desde su apertura en marzo de 2011 hasta octubre del mismo año, el principal tema de consulta de las mujeres de 14 a 19 años gira en torno a los métodos anticonceptivos, con un porcentaje del 20,15%. Como contraste, la consulta más frecuente entre los varones de la misma edad se centra en las prácticas sexuales (un 47%). Las chicas, explican los técnicos que atendieron sus dudas, también se interesaron por este tema, pero en una proporción menor (un 17%). El tercer punto de atención para las chicas era la píldora poscoital (un 7,1%). Los chicos mostraron también interés por cuestiones fisiológicas y solo en tercer lugar (un 6,66%) pidieron información sobre anticonceptivos.EL ACENTOGrandes remediosLa geoingeniería ya no es ciencia-ficción pero hay que abordarla con precauciónEL PAÍS 1 ABR 2012 - 00:01 CETQue la actividad humana esté calentando el planeta no quiere decir que restringir la primera sea la única forma de mitigar lo segundo. También es posible estimular otra clase de actividades humanas que, de hecho, enfríen el planeta. Se trata de proyectos serios, desarrollados en los últimos años por científicos o tecnólogos, y de una envergadura tal que empiezan a englobarse bajo un término que parece tomado de la ciencia ficción: geoingeniería, una ingeniería que no se conforma con menos que transformar la Tierra en su conjunto.Las ideas son tan variadas como la imaginación humana. Sembrar nubes de partículas en la estratosfera, a imitación de lo que hacen las erupciones volcánicas, que reflejen de vuelta al espacio profundo buena parte de la radiación solar que de otra forma caldearía los océanos. Cultivar grandes extensiones de terreno con cosechas de colores claros, que absorben mucho menos calor que la vegetación oscura. Instalar en órbita una red de satélites con grandes pantallas brillantes desplegadas, como espejos espaciales que nos pondrían a todos bajo una especie de sombra tecnológica. Y una amplia variedad de sistemas para secuestrar el mismo carbono atmosférico que acabamos de emitir.Aunque su nombre lo parezca, sin embargo, la geoingeniería ya no es ciencia ficción. La Royal Society británica —la que presidió Newton— ha reunido a la crema internacional del ramo, 27 expertos de 17 países, para evaluar el interés de esos megaproyectos, su viabilidad científica y económica, su balance de pros y contras en el aventurado juego del clima global. La conclusión se puede resumir en una palabra: precaución.El informe de la Royal Society resalta que la geoingeniería no debe considerarse una alternativa a las políticas de reducción de emisiones, pero también reconoce de plano que tiene la capacidad real de enfriar el planeta, o de compensar parte del calentamiento global causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. No parece haber duda de que esos megaproyectos pueden llegar a ser muy valiosos, y además sus efectos serían lo bastante rápidos como para notarlos en una sola generación. Pero los científicos creen que no deben utilizarse sin investigarlos antes. De nuevo, precaución Profesionales con oficioPor: Ángel Gabilondo | 30 de marzo de 2012, El País
No sólo deseamos hacer algo bien, es que lo necesitamos. Sin duda, ello no resolverá nuestras urgencias, pero será determinante para afrontarlas. Es importante ser capaz de realizar cualificadamente una actividad que sea socialmente provechosa. No nos referimos a una concepción mercantil de lo rentable, sino que se trata de algo que aporte a la sociedad, que dé respuestas a sus desafíos, que ofrezca nuevas posibilidades, que favorezca su progreso y su desarrollo, y el nuestro, y que genere condiciones de vida y de bienestar.
 La reivindicación de los oficios y la lucha para que sean dignamente reconocidos, y retribuidos adecuadamente, ha de vincularse a las condiciones de profesionalidad para ejercerlos. No son tiempos fáciles ni siquiera para los oficios y las profesiones, pero ello no significa que hayamos de desconsiderar su importancia, su aportación, su sentido y su alcance. Nos encontramos en la tesitura de dar otras respuestas ante la emergencia de nuevas necesidades. Es indispensable atenderlas y siempre con la perspectiva de aportar innovación y progreso social. La labor cotidiana de estudio, de análisis, de investigación, abre camino, desde la ciencia y la reflexión, para que el trabajo realizado tenga todo su valor. Un oficio es una forma de conocimiento y en gran medida un modo de vivirlo. La imprescindible labor de quienes lo enseñan, lo transmiten, lo generan, merece reconocimiento social. Crear condiciones para aprenderlo, para experimentarlo, para ejercerlo, ha de ser una tarea conjunta prioritaria. Hay cosas que se aprenden haciéndolas, pero incluso en ese caso las indicaciones y las explicaciones, las orientaciones y las precisiones, son decisivas para que el saber pueda incorporarse adecuadamente y, en su caso, ser recreado. Y ello requiere formación. La consideración de la importancia y de la dignidad de los oficios y de las profesiones bien realizados, en condiciones sociales, jurídicas y políticas de justicia y de libertad es uno de los indicadores determinantes de los valores de una sociedad. Hemos de liberarnos de tantos prejuicios y caracterizaciones que desatienden la dimensión social y económica del trabajo bien hecho. Frente a la lectura pedestre de que sólo interesa lo que renta, no hemos de olvidar que generar saber y riqueza colectiva es efectivamente productivo, no sólo individualmente provechoso para quien busca aprovecharse, sino eficiente para promover el progreso y la oportunidad social. TRIBUNALa leyenda del empresario excelenteLos ciudadanos creen que la reforma generará más desempleo porque desconfían del mundo empresarialADELA CORTINA 1 ABR 2012 - 00:00 CET El desempleo es la principal preocupación de los españoles, según las últimas encuestas del CIS, con razón más que sobrada. Para paliarlo el gobierno propone, entre otras cosas, una Ley de Reforma Laboral, que ha cosechado toda suerte de protestas y comentarios, pero sobre todo la convicción en buena parte de los ciudadanos de que generará más desempleo, porque desconfían del mundo empresarial. No creen que los empresarios estén deseando contratar a la mayor cantidad de gente posible, sino que aprovecharán las facilidades de despido para reducir plantillas. ¿Por qué esta desconfianza generalizada?Que la confianza en los políticos es poca queda patente en el hecho de que constituyan la tercera preocupación de los españoles, de nuevo según el CIS. Pero ¿qué ocurre con los empresarios?Desde los años setenta del siglo pasado el mundo empresarial se ha visto inundado de expresiones éticas: dirección por valores, códigos éticos, auditorías éticas, responsabilidad social empresarial, códigos de buen gobierno, banca ética, banca solidaria, comercio justo, consumo responsable, observatorios de responsabilidad y de ética, certificaciones éticas. Y, sin embargo, la crisis que venimos padeciendo desde 2007 parece mostrar que las declaraciones no se han plasmado en lasrealizaciones, y esa disonancia hace que las gentes no perciban a las empresas como aliadas en la construcción de una mejor sociedad.Pero eso no es bueno, ni para las empresas, que necesitan generar reputación para inspirar confianza y ser competitivas, ni para la sociedad que necesita empresas capaces de crear puestos de trabajo, de generar la riqueza material e inmaterial indispensable para que cada quien pueda elegir sus planes de vida buena. Como bien decía Sen, una buena empresa es un bien público. Y, sin embargo, en España rara vez se ve al empresario como un aliado en la construcción de un mundo mejor, como el necesario compañero de viaje para llegar a Ítaca. Esto tiene —creo yo— una historia.Decía el filósofo MacIntyre que se puede detectar la moral distintiva de una época y lugar a través de “sus personajes” morales, y ponía ejemplos de ello. Al leerlo me preguntaba cuáles serían los personajes de una época crucial en la historia de España, como el Siglo de Oro, y llegué a la conclusión de que serían el Soldado (sea el tercio de Flandes, el Conquistador o el caballero andante), el Santo y el Pícaro. El Soldado busca gloria y fortuna; el Santo, la salvación del alma ajena y propia; el Pícaro es el antihéroe, que pretende sobrevivir a costa de la estupidez ajena y suele salir trasquilado.Pero, curiosamente, ninguno de ellos se relaciona con la producción de riqueza material o con el comercio de mercancías. Tal vez sea ésta una de las razones por las que España no prosperara económicamente, aun teniendo una excelente posición geoestratégica para el comercio. Sus formas de vida más apreciadas no se relacionaban con la creación ni con el intercambio de riquezas.Y es cierto que en nuestra literatura apenas se encuentran obras cuyos personajes sean empresarios, convertidos en héroes a los que imitar. En lo que recuerdo, El señor Esteve de Santiago Rusiñol o La ceniza fue árbol de Ignacio Agustí son excepciones que tampoco intentan presentar a sus protagonistas como ideales morales.Ciertamente, los últimos tiempos no han mejorado las cosas. El pensamiento progresista no incluye en sus relatos a los empresarios entre sus personajes morales. No lo han hecho ni el marxismo, ni el anarquismo ni el cristianismo progresista. Pero tampoco los conservadores se han esforzado por escribir relatos que presenten la parte positiva del mundo empresarial, los beneficios que pueden aportar las empresas. Y la actual crisis está siendo el último capítulo de una historia en la que esos relatos heroicos quedan descartados.Por lo que hace a la España actual, los personajes podrían ser el Deportista, del estilo de Nadal, atractivo por su buen hacer, el Cantante, que una buena cantidad de jóvenes quisieran ser por su éxito social, el inevitable Pícaro, pero ahora de cuello blanco y cantidades fabulosas y, como alguien me dijo, el Funcionario. No tanto porque sea un ideal moral al que imitar, como precisamente porque tiene un puesto de trabajo seguro que le evita correr los riesgos empresariales.Dicen los entusiastas del storytelling, de la necesidad de contar relatos para generar adhesiones a la propia causa, que es preciso hacerlo también en el mundo empresarial. Habría que contar buenas historias. Pero —y esto no debe olvidarse nunca— historias verdaderas. Como que una empresa crea 20 puestos de trabajo al día, hace fijos a los trabajadores, monta guarderías para ellos, ofrece buenos productos con buen precio, cuida del entorno social.Es tiempo de escribir en la vida cotidiana el relato verídico de los empresarios excelentes, de los que sobresalen por sus buenas prácticas beneficiando a la sociedad. Y es tiempo de hacerlo porque las nuevas medidas gubernamentales han puesto en manos de las empresas una enorme responsabilidad, la de crear puestos de trabajo para quienes los necesitan para vivir. Como decíamos en aquel juego de la infancia “tú la llevas”, son los empresarios quienes ahora la llevan.Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y Directora de la Fundación ÉTNOR.
 

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